A partir del 28 de junio de 2025, entra en vigor la Acta Europea de Accesibilidad (EAA), también conocida como la Directiva 2019/882, cuya finalidad es la accesibilidad web que asegurará que los productos y servicios sean accesibles para todas las personas, incluyendo a aquellas con discapacidad. Esta normativa implica una serio de obligaciones para las empresas de la UE.
¿Quiénes son los afectados?
Esta ley es de obligatorio cumplimiento para:
- Entorno Digital: Sitios web y apps del sector público y privado deberán cumplir con la norma UNE-EN 301549 y WCAG 2.1 nivel AA.
- Productos y servicios físicos: Terminales de pago, cajeros, dispositivos electrónicos, libros digitales, etc.
- Entornos físicos: Edificios públicos, transportes, justicia, empleo, entre otros (regulado por la Ley 8/2024, BOE de 30 de diciembre de 2024).
Empresas Obligadas
- Empresas grandes y medianas deben cumplir plenamente.
- Pequeñas empresas (menos de 10 empleados o menos de 2 millones de euros de facturación anual) están exentas en general, siempre y cuando no operen en sectores clave como el comercio electrónico
Sectores afectados
Administración pública, educación, transporte, comercio electrónico, banca, telecomunicaciones, entre otros.
Sanciones
- Hasta 90.000 € por incumplimientos en España (más elevadas en otros países de la UE).
- Riesgo de exclusión de licitaciones públicas o pérdida de subvenciones.
¿Qué exige la ley de accesibilidad web?
Los productos y servicios deben ser:
- Diseños web accesibles para personas con discapacidad, incluyendo:
- Interfaces comprensibles y fáciles de usar.
- Compatibilidad con tecnologías asistidas como los lectores de pantalla, subtítulos, navegación por teclado, etc.
- Contraste adecuado de colores y textos alternativos en imágenes.
- Documentación accesible, incluyendo manuales, contratos y condiciones de uso.
- Contenido digital accesible e información en formatos accesibles, como pueden ser el braille, textos alternativos, QR, etc.
Fechas
- Entrada en vigor: 28 de junio de 2025
- Adaptación de productos ya existentes: hasta el 28 de junio de 2030 siempre que no se modifiquen sustancialmente.
